Si hay una materia con la que los políticos no deberían jugar es la educación. No por repetido es menos cierto que de ella depende el futuro de un país. La reforma anunciada por el ministro José Ignacio Wert no contiene elementos que permitan albergar la esperanza de una mejora sustancial de la calidad de la enseñanza, y sí en cambio el germen de una conflictividad innecesaria cuya única motivación es la defensa de intereses partidistas. El texto incluye un ataque sin precedentes al sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña desde que recuperó el autogobierno, e importantes concesiones a planteamientos retrógrados de la Iglesia católica en materia educativa.
Con la premisa de que hay que garantizar el cumplimiento —y hay que hacerlo— de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio que establece que el castellano es también lengua vehicular, el proyecto estipula que “en todas las etapas educativas obligatorias, las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas”. Esto vulnera competencias autonómicas y supone un torpedo para el sistema de inmersión lingüística, en el que la lengua vehicular es el catalán. Diferentes sistemas de evaluación indican que al término de los estudios obligatorios, los escolares catalanes saben tanto catalán como castellano y que, en cualquier caso, su dominio del castellano no es inferior al de otros alumnos escolarizados en esa lengua. Resulta difícil pensar que el ministro que un día habló de “españolizar a los escolares catalanes” se mueva en esta reforma por otra motivación, lo que es grave, porque puede crear problemas donde no los hay y alimentar el sentimiento de agravio en Cataluña para obtener réditos en el resto de España. Así lo hace pensar el hecho de que la formulación no figurara en los borradores que se había enviado a la consejera de Educación y que solo se haya conocido después de las elecciones autonómicas. Visto el incendio que ha provocado, hay que sospechar del efecto que hubiera tenido para el resultado electoral del PP en Cataluña el que se hubiera conocido antes.
Igualmente graves son las concesiones religiosas. La reforma conlleva una regresión ideológica destinada a satisfacer una de las demandas más vehementes de la cúpula eclesial: que desaparezca la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que la materia de Religión, ahora optativa, tenga una alternativa evaluable. En el sistema ahora vigente se entiende que las materias impartidas en Educación para la Ciudadanía conciernen por igual a todos los alumnos, independientemente de su opción religiosa. El nuevo sistema —regreso a un oscuro pasado— no solo concede a una confesión determinada el privilegio de ofrecer formación moral y cívica bajo su particular prisma ideológico, sino que obliga a optar entre Religión y una nueva materia evaluable sobre valores culturales y éticos, que ya solo recibirá una parte del alumnado.
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