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martes, 3 de febrero de 2009

ENTRE LA SENTENCIA Y LAS FACTURAS
Santiago Campos.-

El PP alcalaíno es la oposición y como tal debe tener derecho a conocer los documentos que solicite. En el tema de las facturas sobre los monitores, según el concejal del PP, Marino Aguilera, había solicitado las mismas en el mes de noviembre, sin que el equipo de gobierno las presentara en ese tiempo, por lo que es lógico y coherente que pueda preguntar en un pleno por ellas. Puede ser que haya sido una trampa para que el concejal popular caiga en la misma, porque no se comprende que en más de dos meses, no se puedan obtener unas simples facturas que sólo sirven para el funcionamiento del Ayuntamiento y del equipo de gobierno. El asunto puede haber servicio para poner en entredicho al concejal popular, pero también deja en mal estado al equipo de gobierno que tarda más de dos meses en sacar a la luz una simple factura para fiscalizarla. Creo que esas cosas no se deben hacer y la oposición está para ello, para que los ciudadanos estén seguros de que hay alguien que realiza estas acciones. Es una labor importante y que no debe de ser torpedeada y ponerla en entredicho.
Con respecto al tema de la sentencia sobre la supuesta concesión a dedo de 18 de puestos de trabajo. El PP no ha sabido canalizar este asunto. A pesar de que el juez había parado la acción en primera instancia, porque entendió que Natalia Gálvez no era la persona idónea para realizar esta denuncia. Creo que el PP debería haber realizado el siguiente paso, ir a una instancia superior para ver que se había hecho con esos puestos de trabajo. Porque es de vital importancia para la democracia alcalaína, y si bien tanto la alcaldesa como la concejala de Presidencia manifestaron su alegría porque el juez había aparcado la demanda, el asunto está aún latente y son en esas cosas donde la democracia se debe de imponer. No se puede jugar con el trabajo de un pueblo, todos los ciudadanos alcalaínos tenían derecho a ese trabajo y deben optar al mismo todas las personas que estén en condiciones a realizarlo. Por eso el PP tenía que haber realizado todas las acciones judiciales hasta sus últimas consecuencias, porque así estaba defendiendo a toda la ciudadanía alcalaína. Agotarse en el primer intento, dar por perdido un asunto que apenas ha sido discutido, es dejar la pelota en el tejado. Porque creo que el PP si está legitimado para realizar estas acciones, porque es el representante de una parte del electorado y ejerce como oposición en la defensa de los intereses de muchos alcalaínos. Por todo ello, debía haber agotado hasta la última gota de este asunto, para que los ciudadanos alcalaínos se sintieran seguros en este tipo de asuntos, dejarlo sobre la mesa porque se teme volver a perder, ha sido un cántaro de agua fría para las personas que confiamos en la democracia.

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