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miércoles, 10 de abril de 2013

EL FINAL DE LA MONARQUIA PREPOLITICA

Manuel Cruz en El País de hoy


El problema de las desgracias no es únicamente que nunca vengan solas, sino que, por el hecho de venir acompañadas, redoblen su condición de desgracias. Intento explicarme. La complicada tesitura por la que atraviesan las dos más altas autoridades del Estado, el Rey por el caso Urdangarin y el presidente del Gobierno por el caso Bárcenas,tiene más rasgos en común que el mero hecho de que ambas estén siendo sometidas a un chantaje. Acaso el más importante sea el inequívoco aroma de corrupción y despilfarro que ambas situaciones desprenden, rasgo particularmente escandaloso en las actuales circunstancias, en las que amplios sectores de la sociedad están pasando por momentos de extremada dureza —cuando no, en muchos casos, directamente dramáticos— mientras tienen que escuchar, en bastantes casos en boca de las mencionadas autoridades, reiterados llamamientos a la austeridad y el sacrificio.
Pero junto a este rasgo, ciertamente destacado, habría otro que tampoco debería pasar inadvertido. Son muchas las personas que en estos días se preguntan, asombradas, cómo puede ser que un elevado número de políticos del PP, ahora salpicados por el escándalo de su extesorero, se comportaran durante bastante tiempo sin la menor cautela, dejando un rastro de gastos ostentosos, facturas comprometedoras y otros indicios inequívocamente culpabilizadores. Es más que probable que la clave de tanta audacia residiera en la sensación de impunidad que sin duda les proporcionaba a todos ellos haber ido consiguiendo desde hace años —en algún caso a base de triquiñuelas legales— escapar a la acción de la justicia.
Perseverancia análoga parece haberse producido en la Jefatura del Estado, ámbito en el que quisiera centrarme en lo que resta del presente texto. No cabe obviar, a estas alturas, que llueve sobre mojado. A lo largo de los últimos 30 años (esto es, iniciando la cuenta a partir del 23-F) no han ido faltando las ocasiones en las que el ciudadano de este país podía tener fugaz noticia de la existencia de algún comportamiento de dudosa valoración en más de un aspecto por parte del Monarca. Me vienen ahora a la cabeza alusiones, leídas en semanarios o en un rincón apenas destacado de algún periódico, a compañías poco recomendables desde el punto de vista político-económico, a ostentosos regalos de los consabidos jeques árabes (que se justificaban de manera indefectible con referencias a una vieja amistad), o a anécdotas, inoportunamente reveladas, que delataban un tren de vida lujoso en exceso. En la práctica totalidad de los casos, de inmediato se corría una cortina de silencio sobre la información. Pare-cía existir un acuerdo entre las grandes empresas periodísticas —ignoro hasta qué punto era tácito o explícito— para poner a salvo a la Corona del escrutinio público que esos mismos medios se supone que habían aplicado siempre al resto de los mortales.
El presumible motivo del silencio daba la impresión, al menos en primera instancia, de resultar muy atendible. Se trataba de salvaguardar una institución que había desempeñado un papel fundamental no solo en el advenimiento de la democracia sino, tal vez sobre todo, en su mantenimiento al asumir una decidida defensa de la misma frente al intento de golpe de Estado de Tejero. De hecho, no otro es el argumento que en estos días reiteran todavía muchos de los que, incluso desde la izquierda, defienden la figura del Rey frente al alud de críticas que está recibiendo.
Pero tal vez el error haya consistido en no someter en ningún momento a revisión la manera inicialmente elegida de proteger al Monarca, perseverando en ella hasta que la realidad misma se ha encargado de emitir severas señales de alarma. O hasta que, por decirlo con otras palabras, se ha hecho evidente que dicha manera encerraba una profunda contradicción, que ha terminado por resultar insostenible. Porque parecía tratarse, por decirlo de forma extremadamente sintética, de garantizar la persistencia de la democracia a base de poner al margen de ella al que se presumía su mejor defensor. De atribuir al Monarca un lugar prepolítico, como si su supuesta función de condición de posibilidad del sistema democrático justificara convertirlo en tan inmune a la crítica pública como irresponsable desde el punto de vista legal. En el fondo se estaba transmitiendo el mensaje de que la democracia no puede ser autosuficiente, no resulta capaz de controlar sus propios desvaríos ni de neutralizar sus propios anticuerpos, sino que necesita siempre de una instancia exterior a ella misma para garantizarla.
Solo cabe saludar, desde luego, como un gesto positivo el que se adopten ahora iniciativas como la de incluir a la Casa del Rey en la futura ley de transparencia, pero lo menos que cabe comentar al respecto es que semejante iniciativa está llegando con décadas de retraso, durante las cuales se han ido acumulando errores hasta llegar a la situación actual, en la que cualquier ciudadano puede escuchar, escandalizado, en alguno de los debates políticos que ocupan la programación televisiva del fin de semana, cómo el tradicional elogio dirigido al titular de la Corona según el cual este era el mejor embajador de España en el mundo y quien más eficazmente facilitaba que las empresas españolas pudieran expandirse más allá de nuestras fronteras, ha mutado en la brutal observación de que lo que en realidad desarrollaba durante sus viajes oficiales al extranjero eran tareas de comisionista.
Duró mucho el empecinamiento en el error como para que sirvieran de algo los tardíos intentos, retóricos, de enderezar el rumbo. Las dos afirmaciones mayores del discurso de Navidad de 2011, la de la necesidad de ejemplaridad de quienes ocupan cargos públicos y la de la igualdad de todos ante la ley han terminado volviéndose, en dos momentos diferentes (el del accidente de Botsuana y el de la imputación de la Infanta), como un demoledor bumerán contra quien las pronunció. Nunca debió plantearse —alguien lo dijo— en términos de ejemplaridad lo que era una cuestión de responsabilidad, imposible de resolver con meras excusas, por más que fuera de agradecer el detalle.
Por todo ello, se impone cambiar el rumbo y abordar de forma abierta y decidida la empresa del desarrollo y reforma de los títulos de la Constitución que hacen referencia a la Corona con el objeto de someter su funcionamiento a control democrático. No le faltaba razón al secretario general del PSC, Pere Navarro, al introducir en el debate político de este momento la cuestión de la sucesión en la Jefatura del Estado (aunque se equivocara por completo en la elección del momento de plantearla). Pero inyectar en nuestra más alta magistratura la política que le hace falta a fin de que salga de una vez por todas del limbo prepolítico en el que ha vivido instalada hasta hoy implica necesariamente anudar el relevo sucesorio con el resto de las ineludibles reformas constitucionales que tiene pendientes este país.
El desafío que en todo caso le aguardaría al heredero iba a ser de enorme envergadura. Incluso cabría anticipar que comparable al que le tocó afrontar, hace casi 40 años, a su padre. La ineludible regeneración democrática y la solución al problema territorial, representando sin duda problemas de enorme magnitud, acaso no sean los más graves con los que va a tener que enfrentarse necesariamente la sociedad española cuando emprenda la revisión de su Carta Magna. Porque si la Constitución de 1978 fue elaborada, de acuerdo con lo que suelen repetir sus más reticentes críticos, bajo la estricta supervisión de los poderes fácticos herederos del franquismo, cualquier reforma que a partir de ahora se emprenda con toda seguridad va a estar estrictamente tutelada por otro tipo de poderes, como la desafortunada reforma exprés de agosto de 2011 dejó meridianamente claro. No se imaginan ustedes cuánto me gustaría equivocarme, pero mucho me temo que el rumor de sables de los años setenta va a ser un juego de niños comparado con el ensordecedor rumor de mercados que va a atronar la atmósfera de este país en cuanto nos pongamos manos a la obra.
Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Acaba de publicar el libro Filósofo de guardia (RBA)

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